Como casi una tendencia, la discusión que ha encendido las redes sociales ha sido la cita del Procurador de Derechos Humanos (PDH) ante la comisión de Derechos Humanos del Congreso. Esto ha dibujado una línea imaginaria entre quienes afirman y sostienen que dicha cita es válida en tanto que, al ser un funcionario público, este posee la obligación de dar cuentas de su accionar ante los entes correspondientes, lo que confirmaría la buena salud del sistema democrático.
Por otro lado, hay quienes consideran que tales cuestionamientos no son válidos, en tanto que su accionar corresponde a, bueno, derechos y reclamos válidos y entonces esta cita se convierte en la confirmación del accionar de sectores “oscurantistas” o mejor dicho, al “pacto de corruptos” por querer silenciar a un vocero “legítimo” de los derechos humanos a como él lo entiende.
Aunque parezca que lo obvio es lo primero, desaparece cuando la discusión polarizada es detener la marcha por un segundo y recordar que Jordán Rodas es un funcionario público, no es un diputado ni alcalde, pero ¿por qué hacer esta aclaración? Pues bien, es necesario corregir a quienes le han endilgado propiedades representativas que no posee. Él no es la oposición ni es la voz de la cordura.
Citando a la Constitución de la República en su artículo 273: “El procurador es un comisionado del Congreso para defender los derechos humano”. Su accionar solo se remite (que es bastante) a lo que las leyes le marcan. La distinción clara con otros funcionarios electos, como sería el caso de los diputados y alcaldes, es que estos sí pueden ejercer el papel de “disidencia política” al gobierno de turno.
Hay que recordar que, al ser nombrado en el seno de la legislatura pasada, los diputados conocían de sus posicionamientos y proyectos políticos y aún así, optaron por él para dirigir una entidad que ya en otros momentos había sido cuestionada, no tanto como ahora hay que aclarar. Esto me lleva a la siguiente pregunta: ¿Cuáles fueron las bases de la negociación para su nombramiento?
Viendo la avalancha de apoyos que se muestran en la actualidad, diversos y misceláneos al menos en nombres grandilocuentes, resaltan aquellos que realmente importan y son las embajadas europeas, norteamericana, canadiense y no hay que olvidar la ya recurrente representación de Naciones Unidas. No es la primera vez que tales representaciones diplomáticas defienden su inversión en personajes de su confianza.
Esto nos llevaría a una pregunta que intentaremos responder después:¿Acaso no fueron estas representaciones las que finalmente presionaron a los dilectos y contradictorios diputados en el 2017 para elegir a su alfil? Cabría preguntar, ¿a cambio de qué?
Ahora, frente a esta nueva crisis institucional en la PDH, tales representaciones no dudan en sugerir a la sociedad civil, que por cierto mantienen financieramente, cerrar filas en torno a la pieza que se ha convertido en lo más cercano a una toma de poder que no se pudo concretar en las urnas.
Frente a esto, el “asustar con el petate del muerto” es el recurso comunicativo más eficaz: “iglesias evangélicas”, “el pacto de corruptos”, “golpistas”, “homófobos”. “¡He aquí!”, gritaría encumbrado el procurador. “Esos son los enemigos del pueblo”, diría.
Pronto, la discusión política es convertida por los propagandistas del Procurador en una agresión sin más sentido que la prevalencia del “pensamiento medieval”. El recurso irremediable de la victimización es activado, el mismo que exige lastimeramente el eco de la comunidad internacional para que nuevamente, presione a los diputados.
Estos recursos argumentales son utilizados sobre la base de su efectividad y en este momento, las conciencias dormitadas en la cuarentena que despiertan al oír el grito de auxilio del funcionario convertido en político, reaccionan. Cabe preguntar: ¿Hasta dónde estarán dispuestos a llevar este apoyo?
¿Hasta cuándo todos los demás permitiremos que se nos impongan proyectos político-ideológicos, pagados con nuestro propio dinero, que claramente rechazamos?
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