El Ministerio de Salud de Costa Rica aprobó el 4 de diciembre el protocolo que regula la aplicación del mal llamado aborto “terapéutico” en el país, una norma técnica sancionada en diciembre de 2019.
La aprobación del Protocolo de Atención Clínica para el procedimiento médico vinculado con el artículo 121 del código penal: Interrupción Terapéutica del Embarazo, fue rechazado por la mayoría de los costarricenses y organizaciones defensoras de la vida. “El Ejecutivo acaba de publicar el protocolo de aborto de manera ilegal saltándose nuestra Constitución Política y la separación de poderes”, expresaron los ciudadanos en redes sociales.
Según una nota de prensa del Ministerio de Salud, el protocolo “estandariza la actuación en la red de servicios de salud de los diferentes profesionales (medicina gineco-obstétrica, perinatología, enfermería obstétrica y grupos de apoyo, entre otros) involucrados en la valoración de las mujeres en las que se considere que su vida o su salud estén en peligro”, y que soliciten la terminación de su embarazo, por ellas mismas o por el médico tratante.
El protocolo señala que si la Junta Médica rechazara el aborto, la mujer puede pedir una nueva valoración que se asignará a un equipo médico diferente. El documento describe los procedimientos y los químicos avalados (Misoprostol, Dinoprostona y Oxitocina) para la realización del aborto, antes de las 12 semanas de gestación, después de las 12 semanas y hasta las 24, e incluso en embarazos mayores a las 24 semanas. Los bebés abortados son denominados en el protocolo como el “producto de la concepción”.
Esta iniciativa pone en peligro a toda la región centroamericana, ya que organizaciones antivida celebraron este protocolo como un “avance para lograr la despenalización total del aborto”. Activistas ProVida hicieron un llamado a intensificar la lucha por la vida de los ciudadanos desde la concepción.
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