A través de la plataforma CitizenGO se lanzó una campaña que denuncia que la ONU estaría condicionando su ayuda humanitaria a Ecuador para enfrentar el COVID-19, a la legalización del aborto.
El pasado 30 de abril, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador confirmó haber presentado a las Naciones Unidas (ONU) un presupuesto de 46.4 millones de dólares para la implementación del denominado “Plan de Respuesta Humanitaria COVID-19”, el cual pretende “apoyar los esfuerzos nacionales en la respuesta y asegurar que la ayuda se realiza de manera articulada”, según indica el mismo documento.
En la página 22 del texto se especifica que uno de los objetivos del plan es “mantener la continuidad de la salud materna, neonatal e infantil y otros servicios de salud sexual y reproductiva (NdR: término que incluye la anticoncepción y el aborto) durante la pandemia”.
Asimismo, prosigue el documento, se busca “sensibilizar y capacitar al personal de salud” para que se implemente “el Paquete Inicial de Servicios Mínimos PIMS”, que entre otras cosas, promueve el “acceso a anticoncepción, incluida anticoncepción de emergencia, aborto seguro legal y la atención posterior al aborto”.
La ONU también explica que para cubrir el presupuesto de los cerca de 46 millones de dólares, se contará con la “reprogramación de recursos regulares de las Agencias, Fondos y Programas de las Naciones Unidas, socios del EHP (NdR: Equipo Humanitario de País) y una estrategia de movilización de recursos entre los donantes”.
Ante este panorama, ciudadanos ecuatorianos que defienden la vida iniciaron una campaña a través de CitizenGO para pedir al presidente Lenin Moreno que “no acepte injerencias ideológicas de la ONU”.
“Ante el drama del COVID-19, Naciones Unidas se ha ofrecido a enviar ayuda humanitaria a Ecuador, pero la ayuda no es gratis, pues en varios apartados del documento se explica que dicha ayuda está condicionada a que Ecuador legalice el aborto. Naciones Unidas tiene por norma no intervenir en las políticas internas de los países, ya que dicha práctica injerencista está expresamente prohibida”, explica la campaña ciudadana.
Asimismo, se acusa a la ONU de usar el “chantaje” utilizando “su dinero”. “Y parece que ya empieza a dar sus frutos porque Ecuador es uno de los 59 países que en plena pandemia ya se comprometieron a promover el aborto”, aseguró la plataforma, haciendo referencia a una reciente declaración conjunta firmada por varios países –entre los que se encuentra Ecuador– para la “protección de la salud y los derechos sexuales y reproductivos” y la promoción de “la sensibilidad de género” durante la pandemia.
En una entrevista con ACI Prensa, la representante de la Red Familiar Guayaquil, Martha Villafuerte, aseguró que si bien este documento de la ONU “no es vinculante”, el “temor está en que nuestra máxima autoridad de Ecuador considere siquiera aceptar este chantaje económico de 46 millones a cambio de la vida de miles de niños por nacer”.
Villafuerte criticó duramente el documento, pues, en primer lugar, “va en contra de la Constitución, específicamente del artículo 45, donde se garantiza el derecho la vida desde la concepción, derecho que fue ratificado el pasado 17 de septiembre en el pleno de la Asamblea Nacional”.
En ese contexto, lamenta que “la ONU en su capítulo sobre ‘Salud sexual y reproductiva y salud materno neonatal e infantil’, pretenda chantajear al país al ofrecerle más de 46 millones de dólares, de los cuales 3 millones los destinaría directamente a ‘sensibilizar y capacitar al personal de salud sobre aborto seguro, legal, y la atención posterior al aborto’, cuando esto está expresamente prohibido por la ley en el Ecuador”.
Sobre las medidas que tomarán los grupos ProVida nacionales, Villafuerte asegura que emitirán comunicados oficiales “rechazando públicamente que la ONU pretende legalizar el asesinato de bebés por nacer en Ecuador, aprovechándose de la pandemia del COVID-19 y lo incluyen en su famoso ‘plan de respuesta humanitaria COVID-19 Ecuador’”.
También dijo que se iniciará una campaña informativa para que la población “se entere de este chantaje que la ONU pretende hacerle al país, aprovechándose de nuestra vulnerabilidad económica y sanitaria con el único fin de intentar legalizar el aborto en Ecuador”.
Finalmente, Villafuerte comentó que los asambleístas ProVida ecuatorianos “ya están denunciando públicamente y manifestando su rechazo a que, organismos internacionales condicionen sus aportes económicos”.
Uno de ellos es el asambleísta Héctor Yépez. “¡Increíble! ONU condiciona ‘aborto seguro legal’ en su plan de apoyo humanitario al Ecuador. Mientras todos queremos salvar vidas, algunos insisten en eliminar la vida de niñas y niños por nacer”, denunció en su cuenta de Twitter.
“La ONU debe respetar la decisión de la Asamblea, el sentir de la mayoría de familias del Ecuador y el derecho la vida que es inviolable”, agregó.
Al final del mensaje publicado por CitizenGo se exhorta a escribirle “al presidente Lenin Moreno y pedirle que que no acepte las exigencias ilegales e ilegítimas de Naciones Unidas a cambio de su ayuda”.
Ecuador es uno de los países más golpeados por el coronavirus en Latinoamérica, presentando al 12 de mayo más de 30 mil casos confirmados de COVID-19 y 2.327 muertos por la enfermedad, según señala el Ministerio de Salud Pública (MSP).
Para participar de la campaña de firmas de CitizenGO ingrese AQUÍ.
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