El Consejo de Ministros ha aprobado hoy en segunda lectura el anteproyecto de la llamada “Ley Orgánica sobre Salud Sexual y Reproductiva”. El Gobierno la remitió a las Cortes, sin pasar por el análisis que deben realizar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Consejo Fiscal.
El texto fue enviado al Congreso, donde se espera que llegue a ser votado y aprobado por sus aliados habituales (extrema izquierda y nacionalistas) e incluso algunos diputados de partidos más neutrales
La ley facilita el aborto de chicas de 16 y 17 años sin el consentimiento de sus padres y quita la obligatoriedad de ofrecer alternativas e información sobre ayudas a la maternidad, es decir, quita el famoso “sobre cerrado” con una lista de direcciones que se usaba para “mostrar” que el Estado protegía “algo” al niño por nacer. Sólo se entregará a quienes lo pidan expresamente.
También se eliminan los tres días de reflexión obligatorios desde que una mujer pide abortar para reafirmarse en su decisión. Usualmente, después de este tiempo, las mujeres abandonaban la idea de terminar con el embarazo. Estos existían como truco legal para intentar mostrar que se cumplía el mandato de proteger “al menos algo” al niño por nacer.
La ley también busca que se realicen más abortos en hospitales públicos (aproximadamente un 90% siguen realizándose en cadenas abortistas privadas), tratando de dificultar más la objeción de conciencia de los médicos y trabajadores de la salud. En España, pese a décadas de aborto legal y generalizado, la mayoría del personal médico sigue considerando el aborto como un crimen.
Desde Fundación Madrina, que cada año ayuda a numerosas mujeres con embarazos vulnerables a salir adelante junto con sus bebés, critican que se use la salud pública “para atentar contra el mayor interés del menor”, lo que, señalan, es “vulneración de los derechos de la mujer menor, y del derecho de patria potestad de los padres sobre sus hijos menores de edad“.
“Esta nueva ley atenta gravemente contra la salud pública, vulnerando, además, los derechos fundamentales de nuestros menores y adolescentes, imponiéndoles el aborto legal. Cada día se viola más los derechos de la mujer en lugar de fomentar su mayor libertad y defensa de sus derechos”, ha denunciado la entidad.
El aborto, recuerda la organización, “puede comportar efectos adversos y consecuencias graves de salud que pueden comprometer la vida y la fertilidad de la menor embarazada, aparte de los efectos psicológicos permanentes que incluyen intentos de autolesión y estrés postraumático, que se refieren cuanto menor es la edad de la menor”. Organizaciones ProVida han pedido más políticas para prevenir el aborto y para apoyar a la embarazada vulnerable, así como una figura de un Defensor del Menor.
La Fundación Redmadre, presente en numerosas ciudades de toda España y que cada año atiende a miles de embarazadas en crisis, denuncia que esta ley “deja indefenso al niño por nacer y a la madre, en especial cuando ésta es menor de edad”. Su directora general, Amaya Azcona, advierte que “al contemplar que las mujeres menores de 18 y mayores de 16 pueden abortar sin informar a sus padres, se permite que muchas queden a merced de adultos que las puedan dejar embarazadas y obligar o inducir al aborto, por lo que quedarán indefensas frente a posibles delitos”, ha advertido.
También la asociación The Family Watch comentó a Europa Press que “en un país con una tasa de fecundidad tan baja” como España, en el que “el índice demográfico está demostrando que cada vez nacen menos niños”, se debería abogar por políticas “de apoyo a la maternidad y a la natalidad”.
El director de Foro de la Familia, Javier Rodríguez, también apuntó el hecho de que en España “uno de cada cuatro embarazos finaliza en aborto” para protestar porque el Gobierno esté “promoviendo todavía más” esta práctica, con un texto “ideológico”. “Quiere morir matando a los más indefensos por nacer”, agregó. La considera además una ley “machista” porque “elimina la responsabilidad del padre en las relaciones sexuales”.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, al presentar la ley en rueda de prensa, dijo que el Gobierno se “consideró urgido a llevarlo ya al Congreso” para poder aprobarlo antes del fin de la legislatura. Montero declaró que para redactar la ley participaron los ministerios de Hacienda, Justicia, Sanidad, Inclusión y Seguridad Social y el de Educación.
La norma también recoge el acceso gratuito a la píldora del día después (que tiene un efecto abortivo si tras la relación sexual se ha producido la concepción de la persona). La ministra admitió que el tema de la objeción de conciencia de los médicos “queda por regular”. Además, al ser consultada sobre si alguna organización ProVida participó en la redacción del proyecto, mencionó que no, ya que considera a estas asociaciones como “contrarias a los derechos humanos”.
Fuente: Religión en Libertad
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