Por Lisa Correnti
WASHINGTON DC, 10 de mayo (C-Fam)
Los miembros del Congreso de los Estados Unidos están cada vez más preocupados de que la administración Biden esté interfiriendo en la política interna de Guatemala. Acaba de enviarse una segunda carta a la administración Biden exigiendo respuestas. “Los funcionarios del Departamento de Estado de EE. UU. y de USAID no tienen autoridad legítima para presionar por cambios ideológicos en Guatemala que comprometan su Constitución o valores profundamente arraigados en relación con la vida y la familia”, dice la carta al Secretario de Estado Anthony Blinken y a la administradora de USAID, Samantha Power. Los líderes guatemaltecos creen que el reciente apoyo sin precedentes a políticas sociales liberales por parte del Congreso de Guatemala, que generalmente se inclina hacia la derecha, se debe a presiones directas y amenazas del Departamento de Estado de EE. UU.
El Congreso de Guatemala está considerando ahora varios proyectos de ley sobre ideología de género y educación integral en sexualidad. La carta del Congreso de EE. UU., encabezada por los representantes Warren Davidson (R-OH) y María Elvira Salazar (R-FL), cuestiona el “mal uso de la influencia de la Administración en los asuntos legislativos del Congreso guatemalteco”. Esto sucede después de que la administración Biden revocara las visas de más de 300 líderes cívicos y gubernamentales conservadores, incluidos familiares, citando actividades “antidemocráticas”.
La carta advierte que “la agenda ideológica progresista de la Administración es una preocupación de seguridad nacional, ya que está aumentando el sentimiento antiamericano en el extranjero, especialmente en naciones conservadoras”. Los miembros del Congreso de EE. UU. dicen estar “alarmados por los informes sobre la participación de funcionarios del Estado en asuntos guatemaltecos” y que era su deber “ejercer la supervisión del poder ejecutivo”.
Los miembros del Congreso de EE. UU. preguntaron a Blinken y Power sobre las actividades relacionadas con los funcionarios del gobierno guatemalteco. Cuestionaron si se estaban amenazando sanciones contra miembros conservadores del Congreso guatemalteco que no apoyan la agenda legislativa del nuevo presidente. La carta pregunta si las ONG están recibiendo financiamiento de EE. UU. para implementar “cambios ideológicos”, y por información sobre las reuniones que tienen los funcionarios de Biden, incluido el embajador de EE. UU. en Guatemala, con miembros del Congreso guatemalteco. La carta se publicó para coincidir con el viaje del Secretario Blinken a Guatemala esta semana. Se cree que la visita de Blinken muestra apoyo al reciente intento del presidente guatemalteco Bernardo Arevalo de destituir al actual Fiscal General.
La Fiscal General María Consuelo Porras fue nombrada para un segundo mandato por el ex presidente Alejandro Giammattei. Ha sido criticada por poner fin a un “acuerdo anticorrupción” con las Naciones Unidas conocido como CICIG, que fue apoyado por la administración Obama. Sin embargo, algunos senadores y representantes de EE. UU. han hablado en contra de las acciones ilegales de la CICIG en Guatemala. Poco después del anuncio para destituir a la Fiscal Porras, se informó que miembros del Congreso guatemalteco fueron vistos fuera de la residencia del embajador de EE. UU.
Los pasos para destituir a la Fiscal Porras se intensificaron cuando a finales de abril su agencia registró la oficina de la organización no gubernamental internacional Save the Children debido a informes de abuso infantil. El ministerio emitió un comunicado de que Save the Children estaba siendo investigada por tráfico de niños por enviar niños guatemaltecos a Texas ilegalmente. También se puso en contacto con la fiscalía de Texas para solicitar asistencia en la investigación.
Las políticas fronterizas de la administración Biden han llevado a millones de migrantes centroamericanos a ingresar ilegalmente a la frontera sur de Estados Unidos, incluidos niños no acompañados. Esta es la segunda carta del Congreso sobre Guatemala en los últimos meses. A principios de abril, una carta del Congreso pidió al presidente Arevalo que resistiera la presión de la administración Biden para retirarse de un documento intergubernamental pro-vida.
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