Foto: Paulo Abrao. Crédito: Juan Manuel Herrera / OAS.
Más de 50 organizaciones defensoras de la vida y la familia en América criticaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por subestimar las 61 denuncias de abuso laboral y encubrimiento de acoso sexual contra su saliente secretario ejecutivo, Paulo Abrao.
En un comunicado remitido a, las organizaciones de la sociedad civil expresaron también su respaldo al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, que decidió no renovar en el cargo a Abrao.
“La decisión del Secretario General Luis Almagro de no renovar el contrato de Paulo Abrao es prudente y responsable y con plena validez jurídica”, indicaron.
Cumpliendo con el reglamento de la CIDH, Almagro rechazó en los últimos días la elección de los comisionados, que renovaba por un segundo periodo a Paulo Abrao como su secretario ejecutivo. La decisión del Secretario General de la OEA fue recibida con críticas y acusaciones de injerencia por parte de la CIDH.
En un comunicado publicado el 25 de agosto, la CIDH acusó a Almagro de cometer un “grave embate contra su autonomía e independencia” al no renovar en el cargo a Abrao.
El comunicado de la CIDH fue apoyado por organizaciones que dicen defender los derechos humanos, entre ellas instituciones que promueven la despenalización y legalización del aborto en América Latina, como Amnistía Internacional, la “Red Latinoamericana y Caribeña de Católicas por el Derecho a Decidir”, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvador, Mexfam (filial mexicana de la International Planned Parenthood Federation), el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) de México y Human Rights Watch (HRW).
Por su parte, el Secretario General de la OEA dijo en un comunicado que “de ninguna manera incorporaré o reincorporaré a ninguna persona sobre la cual penden 61 denuncias”, entre las que figuran “conflicto de interés, tratos diferenciales, retrocesos graves en la transparencia de los procesos, retaliaciones y violaciones al código de ética, impunidad para denuncias de acoso sexual, por mencionar algunas”.
Almagro criticó además a la CIDH porque “tuvo más de un año” para materializar la presunta inocencia de Paulo Abrao informando a las instancias correspondientes de la OEA sobre las denuncias recogidas por su Ombudperson (“defensor del pueblo”).
“Por el contrario, los Comisionados luego de ser informados al respecto, incluso por mi persona, en lugar de buscar el más pronto esclarecimiento de los hechos denunciados (…) procedieron en forma prácticamente inmediata a expresar su voluntad de renovar por un nuevo período al entonces Secretario Ejecutivo”.
En su comunicado, las más de 50 organizaciones ProVida y defensoras de la familia señalaron que “nos preocupa grandemente que la CIDH intente imponer a su Secretario Ejecutivo sin consultar con el Secretario General como textualmente requiere su propia normativa”.
“Esto en nada tiene que ver con la autonomía o independencia de la Comisión”, indicaron.
La CIDH está conformada por siete comisionados, elegidos por los Estados miembros de la OEA en la Asamblea General. Los comisionados, a su vez, eligen al secretario ejecutivo de la institución y, de acuerdo a su reglamento, deben “remitir su nombre al Secretario General, proponiendo su designación por un periodo de cuatro años”.
Abrao asumió el cargo en agosto de 2016 y los comisionados de la CIDH esperaban que sea renovado por cuatro años más este 2020.
Para las organizaciones ProVida latinoamericanas, “una vez más la CIDH actúa sin consideración a lo establecido en Derecho. Desafortunadamente, la CIDH en los últimos años ha optado por dejar a un lado la rigurosidad jurídica para adelantar la agenda ideológica particular de la mayoría de sus miembros, la cual ha sido promovida agresivamente por su pasado Secretario Ejecutivo, Paulo Abrao”.
“Es una pena que en un momento en el que necesitamos un Sistema Interamericano de Derechos Humanos fuerte y objetivo, ante las serias violaciones a los derechos humanos en países como Cuba, Nicaragua y Venezuela, la CIDH ponga en juego su credibilidad comportándose como una ONG activista y no con la seriedad que requiere un organismo oficial multilateral”, señalaron.
Además, criticaron que “la CIDH subestime las alegaciones graves de acoso laboral, incluyendo acoso sexual, en el seno de la secretaría ejecutiva”.
“Nos llama la atención, además, que la CIDH, a pesar de conocer estas alegaciones durante meses, no las haya referido antes al Inspector General de la OEA para que fueran investigadas inmediatamente, lo que puede generar sospechas de encubrimiento”, añadieron.
“Estamos ante una organización de derechos humanos que parece no estar dispuesta a proteger a posibles víctimas de acoso laboral y sexual”, lamentaron.
Entre las organizaciones provida y defensoras de la familia firmantes se encuentran Asociación la Familia Importa (AFI) de Guatemala, CitizenGO, Unidos por la Vida de Colombia, la Fundación Sí a la Vida de El Salvador, el International Human Rights Group de Estados Unidos, el Comité ProVida de Honduras, el Frente Nacional por la Familia de México, Padres en Acción y el Foro de Diálogo Civil de Paraguay, el Movimiento Social #ConMisHijosNoTeMetas de Perú y el Foro de Mujeres en Defensa de la Vida de República Dominicana.
Artículo originalmente publicado en ACI Prensa.
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