Y sí, en medio de una de las peores crisis que nos afectan como humanidad, varios gobiernos en el mundo no han parado con los cambios a sus legislaciones para facilitar su llamado paso a la modernidad o de reconocimiento de los derechos de sus habitantes.
A ver: comienza una legalización de prácticas a favor del aborto o, en el caso de Costa Rica, con la legalización del mal llamado matrimonio homosexual. No llamaremos a este como matrimonio igualitario porque dicho concepto ya lleva la intencionalidad política de reconocimiento de un derecho supuestamente negado, pero eso es otro tema.
Para los que se regocijaron con la noticia compartida por el presidente Carlos Alvarado, es bueno recordar que su carrera por la presidencia fue peleada por un candidato que encaja en lo que algunos han llamado como el «nuevo conservadurismo protestante», por lo que a unos meses de haber tomado posesión parece ser que está cumpliendo algunas de los compromisos adquiridos para ganar la presidencia.
Por otro lado, no queremos parecer la nube oscura en la fiesta de la comunidad LGTBIQ tica, pero hay que recordar que Costa Rica es un pequeño país centroamericano, no es la economía más importante de la región ni ha abandonado la tradición política tradicional del istmo. La legalización respondió al asalto del poder de algunos tribunales que asumen que la soberanía no reside en la voluntad o decisión popular sino en su particular forma de leer las leyes locales e internacionales.
¿Qué significa esto? Pues a la tendencia creciente en la región a gobernar por medio de decretos. Ya no valen la opinión pública ni la de diputados, sino solo el enorme poder de los lobbies y ,vaya, los organismos internacionales, como la ONU, que se dirigen sin intermediarios a dichos jueces.
No es cierto que la equiparación de uniones entre personas del mismo sexo sea un logro hacia la igualdad; es un logro hacia la destrucción y reconfiguración de la institución social y cultural del matrimonio en occidente. No es cierto que su legalización sea un paso a la modernidad. En el caso de Costa Rica, esa pretensión ha quitado el sueño a un grupo de intelectuales que consideran que su presencia en el istmo y hasta en el continente es más bien un castigo de la providencia.
Se aprovecharon de la inmovilidad política y, como decían en los setenta los movimientos guerrilleros, “asaltaron el poder”. No hubo necesidad de manifestaciones ni de ganar con votos el poder legislativo, es más, ni siquiera que el pensamiento “progresista” se impusiera en forma de una lucha de ideas. No, solo faltó un fallo de la Sala de lo Constitucional para que se apresurará tal acto.
El Estado de Costa Rica demostró que no ha dejado de ser centroamericano, dependiente de la opinión de los centros civilizatorios, con una clase política con ínfulas de superioridad a la cual toda opinión venida de sus votantes les es tan llana como innecesaria, ¿Qué pueden saber los ciudadanos sobre lo que es mejor para ellos? Pero no, es obvio que tal interpretación que socava la existencia de la idea de República también pretende dictar, desde su gran torre de marfil, lo que a partir de ahora será la familia.
Queda en esa población que fue estafada, en su voto, corregir al gobernante y a la élite intelectual que gravita en torno a él. No se puede pisotear una de las grandes victorias de los seres humanos en la construcción precisamente de su humanidad: la familia como factor de cohesión y reproducción de la especie humana.
Continuará…
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