La publicaciones en las redes sociales no se hicieron esperar. Los manifiestos de felicidades hacia el gobierno de Costa Rica por haber dado un paso a la modernidad en medio del agujero oscuro que representa el estar ubicado en la Centroamérica atrasada, conservadora y violenta.
El gobierno de Costa Rica ha demostrado que para ser el gobierno «más democrático y avanzado de la región», se pueden dar un par de pasos atrás y quedar igualmente inmutables. Sí, así como se oye, se ha demostrado que el Estado puede intervenir en los dormitorios de sus ciudadanos, ahora con el argumento de facilitar un derecho (que no lo es) pues amplía las variables con las que los seres humanos pueden desarrollar su asociatividad matrimonial.
La curiosidad sobresale cuando me pongo a pensar en el momento en que se produzcan las primeras demandas de divorcio y de solicitud de pensiones alimenticias. Y sí, porque con el matrimonio viene el derecho a la reproducción y si por obvias razones eso no se puede producir entre personas del mismo sexo, pues la adopción será otro de los derechos que el Estado, interventor, deberá observar.
¿Cómo se definirá quién puede reclamar pensiones?. ¡Oh, vaya! En el moderno sistema judicial costarricense, ¿cómo se define el concepto de violencia de género entre personas del mismo sexo? Bueno, esas son trivialidades que no fueron puestas sobre la mesa por los apologistas del mal llamado «matrimonio igualitario».
El matrimonio es una institución que más que fomentar la unión heterosexual, protege a la descendencia producto de esa unión. Ahora bien, la heterosexualidad, que es la relación con la que se produce descendencia, es la responsable de la reproducción de la especie humana y es la que se fomenta en todas las culturas, ya sea en uniones monógamas o polígamas (esta ultima no aceptada en occidente).
Por otro lado, quienes en su agenda de toma del poder asumen que al cambiar la institución del matrimonio hacen la revolución, olvidan el detalle, al menos para Centroamérica, que no existe ninguna legislación que persiga y criminalice la unión entre personas del mismo sexo.
Es más, pueden heredar entre sí y adquirir bienes. El deseo de cambiar la legislación, que por cierto está más en la mente de intelectuales heterosexuales de izquierda, contradictoriamente tiene por objeto, además de tomarse una fotografía para las redes sociales, el allanar el camino para otros cambios menos cosméticos, como sería el permitir a ese Estado normar las relaciones dentro de la familia, definir cómo se deben reproducir los parámetros educativos o determinar lo bueno y malo desde la perspectiva de la ideología de género.
El mal llamado «matrimonio igualitario» es una entelequia discursiva que no va a hacer a los homosexuales más iguales frente a la ley, sino los va a visualizar para que un grupo que asuma su representatividad afirme que son una comunidad que necesita derechos especiales. Esto nuevamente contradice el principio de igualdad ante la ley. ¿Cuánta distancia tendrían que recorrer los que se acogen a la selectividad de derechos para exigir cupos en contrataciones laborales bajo el pretexto que son eso: “especiales”?
No cabe la menor duda que Costa Rica es Centroamérica y lo será por mucho tiempo, mientras sus gobernantes sigan considerándose por encima de las capacidades de sus votantes para cambiar su propio sistema por los medios democráticos. Las ínfulas de los gobernantes de Costa Rica son tan pretenciosas como las élites de todos los demás países que ellos miran con desprecio civilizatorio después de mostrarse como civilizados en medio de la barbarie centroamericana. Nada ha cambiado.
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